La Diputación de Segovia carece de estatutos de constitución porque es una Administración Pública. De conformidad con el artículo 31 de la citada Ley 7/1985 de 11 de junio de 1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la organización, gobierno y representación de las provincias corresponde a las Diputaciones. De acuerdo con la ley son fines propios y específicos de la Diputación garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
a. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
b. Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
Son competencias propias de las diputaciones las que les atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las
comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso, y de conformidad con el artículo 36 de la mencionada Ley:
❏ La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se
refiere el apartado a del número 2 del artículo 31.
❏ La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.
❏ La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
❏ La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
❏ En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.
Además, la Diputación de Segovia tiene competencias atribuidas por la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de medioambiente y desarrollo rural, y en particular, tiene competencia en la conservación del medioambiente, la preservación de los entornos naturales y el bienestar de los ciudadanos.
La Diputación de Segovia desde el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible centra su trabajo en la dinamización económica de la provincia, la sostenibilidad y la promoción e impulso del empleo como la mejor forma de generar riqueza, fijar población y afrontar el reto demográfico. Por medio de distintas iniciativas y programas sustenta sus actuaciones en cinco grandes pilares: el Empleo y el Emprendimiento, la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, la Sostenibilidad, la Innovación y la sección de Asuntos Europeos. Así mismo hace especial hincapié en la ejecución de la Agenda Rural Sostenible de la Provincia de Segovia, documento pionero que tiene como finalidad transformar los retos y problemas del entorno rural, poniendo el foco en oportunidades de futuro y en el desarrollo para los pueblos segovianos. Pretende adaptar a las necesidades del entorno rural las directrices de la ONU y su Agenda 2030, de la Unión Europea y de la propia Agenda Urbana Española.
La Agenda Rural Sostenible de la provincia de Segovia recoge las líneas maestras de actuación para los próximos años en materia de sostenibilidad, digitalización y transformación de nuestro territorio, y a la vez, es un documento abierto a
actualizaciones, cambios y modificaciones, pendiente del rumbo que, a todos los niveles, tomen las políticas palanca de las distintas Administraciones.
La Diputación de Segovia cuenta con un bagaje de más de 15 años en la participación activa en gestión de fondos europeos. Las novedades y modificaciones introducidas en los mecanismos de financiación de la Comunidad Europea para el período 2021-2027, así como el interés de la Diputación Provincial por participar en las nuevas iniciativas comunitarias, especialmente en los nuevos fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han traducido en la creación de una Oficina de Asuntos Europeos de la Diputación Provincial de Segovia. Desde esta oficina se estudian y analizan las políticas e iniciativas europeas que afectan a nuestro ámbito territorial y que puedan ser susceptibles de promover proyectos destinados al desarrollo rural con el objetivo de defender los intereses provinciales.